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Las protestas se presentan en el mundo por muchas circunstancias como por ejemplo las desigualdades sociales, el elevado costo de vida, el desempleo, la pobreza, la disminución del poder adquisitivo, y las políticas onerosas para tener acceso a servicios públicos entre otras. La corrupción es otro componente que alimenta dicho inconformismo social, lo mismo que la distribución del poder y la riqueza que amplían la brecha entre pobres y ricos. Paralelo a las protestas se presenta el vandalismo como un fenómeno social que puede derivar en problemas delictivos. El vandalismo solo se reducirá cuando aumente la responsabilidad individual frente a la propiedad pública como privada, lo que depende del mejoramiento de las políticas gubernamentales para que sean más equitativas y justas, lo mismo que de la educación y del compromiso de la sociedad en general. Se ha incrementando con la participación de jóvenes que rechazan las políticas de Estado, teniendo cada vez más presencia femenina en grupos que practican la violencia callejera y la destrucción de bienes públicos y privados.
El derecho a la protesta debe garantizarse como un derecho ciudadano, pero al mismo tiempo debe estar sujeto a ciertas restricciones cuando se ponga en peligro a las personas y las instituciones. El código propende mejorar las relaciones entre personas que ejercen el derecho a la protesta y las autoridades, evitando que traduzca en vandalismo y pérdida de vidas humanas.